Crecen las voces de rechazo al llamado de desobediencia civil hecho por el senador Iván Cepeda

El llamado del excandidato presidencial del Pacto Histórico contra el gobierno de Abelardo de la Espriella desató una ola de críticas y advertencias.

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El excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, dio uno de sus primeros pronunciamientos como líder de la oposición al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y le pidió aclarar diferentes asuntos, entre ellos su ciudadanía estadounidense y supuestos vínculos con agencias de seguridad de Estados Unidos, así como le solicitó el compromiso de no promover una eventual extradición del presidente Gustavo Petro. Cepeda advirtió que de no cumplirse esas exigencias, impulsará una desobediencia civil pacífica.

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“Si estas condiciones no se cumplen, como líder de la oposición no me prestaré a esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, afirmó, haciendo un llamado a la ciudadanía a sumarse.

Tras esas declaraciones, diferentes dirigentes políticos, representantes del sector empresarial y analistas cuestionaron el alcance del anuncio y advirtieron sobre sus implicaciones para la institucionalidad.

Uno de los primeros en responder fue el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien, en entrevista con EL TIEMPO, calificó el pronunciamiento de Cepeda como “absolutamente vergonzoso”. Restrepo cuestiona que se condicione el reconocimiento de De la Espriella a que se respondan estos requerimientos.

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En la misma línea, la excandidata presidencial Paloma Valencia sostuvo que las diferencias políticas pueden debatirse en escenarios democráticos y no condicionarse con amenazas. “Uno puede proponer debates sobre todos los temas, hacer observaciones; lo que no puede es extorsionar. Déjele eso a los criminales; los demócratas no se comportan así”, escribió.

Desde el sector empresarial también hubo reparos. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, afirmó que la desobediencia civil “no puede convertirse en un recurso retórico para desconocer un resultado electoral” y consideró que el anuncio de Cepeda carece de fundamentos objetivos y jurídicos. “Llamar a desconocer la autoridad sin una causal objetiva (...) es abrir una puerta peligrosa”, señaló.

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La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, también rechazó “de manera categórica” el llamado de Cepeda y defendió la legitimidad de la elección.

Para Erick Rincón, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, el principal argumento planteado por Cepeda —la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella— carece de respaldo constitucional, pues, según explica, la Constitución permite la doble nacionalidad y únicamente exige que el presidente sea colombiano por nacimiento. 

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A su juicio, condicionar el reconocimiento de un gobierno elegido en las urnas a exigencias sin sustento jurídico “erosiona la regla básica del juego democrático”.

Por su parte, el analista político Yann Basset, consideró el mensaje parece tener un mayor efecto simbólico y político hacia sus propias bases que un impacto institucional inmediato. Interpretó el anuncio como una advertencia dirigida a su electorado más que como el inicio de una estrategia con consecuencias concretas sobre el funcionamiento del nuevo gobierno.

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ELENA BERMÚDEZ RIVERA

Redacción Política