Figuras políticas reaccionan a la publicación de los estados financieros de la Nueva EPS, con deudas y pérdidas por $4,8 billones en 2024

La Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024, cumpliendo con la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que exigía la entrega y certificación de esa información financiera pendiente. 

Según los estados, en 2024 la EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, frente a costos por prestación de servicios de salud de $26,4 billones y gastos administrativos de $0,5 billones. En ese sentido, cerró con pérdidas por $4,8 billones. 

La entidad también anunció que presentará los estados financieros de 2025 en un plazo de 15 días y que los correspondientes al primer semestre de 2026 estarán listos a finales de julio.

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Esta publicación generó reacciones de congresistas y dirigentes políticos, quienes cuestionaron el balance de la intervención y pidieron mayor transparencia sobre la situación de la EPS.

La senadora Norma Hurtado, integrante de la Comisión Séptima del Senado, informó que solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Nueva EPS y a la contralora de la entidad, Gladys Asprilla, copia íntegra de los estados financieros y su respectiva evaluación. La congresista sostuvo que durante meses había advertido sobre el deterioro financiero de la aseguradora y afirmó que ahora corresponde establecer la magnitud de los problemas económicos y las eventuales responsabilidades derivadas de la intervención.

Por su parte, la senadora Ana Paola Agudelo, integrante de la misma comisión, cuestionó los resultados de la intervención. Recordó que la EPS ha tenido cinco interventores en poco más de dos años y afirmó que las pérdidas, el nivel de pasivos y el patrimonio negativo contrastan con los recursos extraordinarios que el Ejecutivo anunció durante el proceso. 

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Agudelo también advirtió sobre el impacto de la situación financiera en la prestación de los servicios de salud. "Mientras tanto, en Santander y otras regiones las IPS suspenden servicios por falta de pago, dejando a miles de pacientes en la incertidumbre. El Gobierno debe responder. La prioridad es proteger a los pacientes, garantizando la continuidad de la atención, la prestación de los servicios de salud y la entrega oportuna de los medicamentos", agregó.

El senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, también sentó su posición ante la información presentada por la entidad. Afirmó que los estados financieros no cuentan con una certificación plena de la revisoría fiscal ni con la aprobación de la asamblea de accionistas, por lo que consideró que deben analizarse con cautela. Además, sostuvo en sus redes sociales: "al fin, por orden judicial, Jorge Iván Ospina presenta los estados financieros de Nueva EPS para 2023 y 2024. Aunque hay que tomarlos con beneficio de inventario y falta 2025, Ospina desmiente a Guillermo Alfonso Jaramillo señalando que la plata no alcanza para cubrir el gasto en salud".

Desde el mismo partido, la senadora electa Zandra Bernal, aseguró que las cifras reflejan un panorama crítico para la EPS. Bernal señaló que los pasivos, las pérdidas registradas en 2024 y el patrimonio negativo evidencian, a su juicio, el fracaso de la intervención.

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En un sentido similar se pronunció Sondra Macollins, excandidata presidencial, quien advirtió que la situación financiera de la Nueva EPS trasciende el ámbito administrativo y afecta directamente a los afiliados. Según manifestó, la principal preocupación es la incertidumbre de millones de usuarios sobre la continuidad de su atención en salud. "¿Quién les va a responder a los usuarios?", preguntó, dirigiendo su mensaje a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud.

Las reacciones se producen mientras continúa el debate sobre los efectos de la intervención de la Nueva EPS y la sostenibilidad financiera del sistema de salud, en un momento en el que la entidad concentra más de 11,5 millones de afiliados. 

ELENA BERMÚDEZ RIVERA 

Redacción Política