Mauricio Toro tras condena a Tatiana Cabello por cobrar porcentaje de salario a su UTL: 'Muchos congresistas lo hacen'

La condena a la excongresista Tatiana Cabello por exigirle porcentajes del salario a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) volvió a poner sobre la mesa una de las prácticas más cuestionadas en los pasillos del Capitolio Nacional. 

La decisión judicial reabrió el debate sobre el manejo de los recursos públicos destinados a la contratación de asesores y generó inmediatas reacciones de diferentes sectores políticos que denuncian la aparente regularidad de esta conducta en el Congreso de la República.

Uno de los pronunciamientos más categóricos frente a la sentencia de la exparlamentaria provino de Mauricio Toro, congresista elegido a la Cámara. A través de su cuenta oficial en la red social X, el legislador expuso la gravedad de la situación y reveló que, según su propia experiencia en el ejercicio legislativo, este tipo de exigencias económicas a los empleados no corresponde a un hecho aislado dentro de las dinámicas de contratación del Estado.

El exparlamentario fue enfático al señalar las dificultades que existen para sancionar estos comportamientos debido al temor de los afectados a formalizar las quejas ante los organismos de control. En la plataforma digital, Toro describió el panorama del interior de las corporaciones públicas expresando textualmente: "Lo más terrible es que son muchos los congresistas que hacen esto, de varios partidos".

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De igual manera, el electo representante a la Cámara compartió detalles sobre los procesos de selección de su propio personal, evidenciando cómo la solicitud de prebendas o retribuciones económicas se ha normalizado entre los aspirantes a ocupar cargos de asesoría en el sector público.

"He entrevistado personas para mi equipo que me preguntan 'doctor cuánto es el porcentaje en su UTL?", puntualizó Mauricio Toro en el mensaje divulgado por su canal digital, haciendo hincapié en que la cultura del silencio impide que las autoridades competentes identifiquen a los responsables de estas anomalías. 

Sobre esta falta de acciones legales por parte de los trabajadores, el exfuncionario concluyó de manera tajante: "Lamentablemente nadie se atreve a denunciar ni dar nombres". La sentencia contra Cabello marca un precedente importante en la fiscalización de los recursos de las UTL en Colombia, un área que constantemente es objeto de veeduría ciudadana por los altos montos que se manejan para garantizar el apoyo técnico a la labor legislativa de los senadores y representantes.

*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.

KATHERINE BRAVO HERNÁNDEZ 

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL 

EL TIEMPO

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