MOE pide que Congreso tramite ley estatutaria sobre participación en política de funcionarios para delimitar alcance de la figura tras elecciones 2026

La Misión de Observación Electoral (MOE) sacó el informe preliminar sobre la realización de la segunda vuelta presidencial, que se llevó a cabo el 21 de junio y que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. La veeduría hizo un análisis en el que quedó evidenciada la confianza y legitimidad en el proceso. 

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Más allá del ejercicio de mera observación, la MOE hizo un llamado a que el Congreso reglamente de una vez por todas la participación en política electoral de los funcionarios públicos y acabe de tajo las tensiones alrededor de este tema.

Según el informe de la veeduría, se encontraron “posibles casos de participación indebida en política por parte de servidores públicos, una conducta que representa un riesgo para la equidad en la contienda electoral y para el principio de neutralidad que debe regir el ejercicio de la función pública”.

La MOE advirtió sobre los peligros de esta práctica, pues genera “desequilibrios en la competencia democrática, especialmente cuando involucra el uso de investiduras, recursos públicos o canales institucionales para influir en las decisiones del electorado”.

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Vale recordar que durante esta contienda, desde el mismo Presidente hasta funcionarios de su gobierno, alcaldes y gobernadores emitieron posturas que han sido señaladas como participación irregular en política. En ese sentido, la veeduría hizo énfasis en que cerca de 13 funcionarios fueron suspendidos de forma provisional por esta práctica y hubo apertura de investigaciones disciplinarias a 195 funcionarios por hechos similares.

“La MOE observó con preocupación que el debate sobre participación en política de funcionarios públicos se convirtió también en un elemento central de confrontación entre actores políticos, trascendiendo el ámbito estrictamente disciplinario”, dijo la veeduría.

En ese sentido se recordó que no hay claridad sobre cómo delimitar la participación indebida en política, pues no hay claridad legal sobre el tema. “En este sentido, resulta fundamental que las autoridades competentes establezcan y apliquen criterios claros, consistentes y oportunos en la investigación de estos casos, garantizando el debido proceso, a fin de evitar tratamientos selectivos o percepciones de parcialidad institucional”, indicó la MOE.

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Parte de este ejercicio apunta a que el legislador entre a delimitar los criterios de participación política indebida, un tema al que el Congreso ha rehuido durante varios años.

“Se recomienda que el Congreso de la República desarrolle legalmente lo establecido en el artículo 127 de la Constitución, que señala que los funcionarios que hacen parte de la rama ejecutiva del poder público, sólo podrán participar en actividades y controversias políticas “en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”. Lo anterior, a fin de brindar claridad y certeza, tanto a los funcionarios públicos como a todos los actores políticos, respecto de los límites impuestos a la intervención de los primeros en el marco del debate político y electoral”, declaró la veeduría.

JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción política