Refugio animal en Calarcá enfrenta acción popular por presuntas irregularidades ambientales y urbanísticas

El funcionamiento de la corporación ayuda animal El Refugio, ubicada entre el barrio Valdepeñas y la entrada a la vereda Bohemia, en Calarcá, continúa generando controversia y ahora es objeto de una acción popular que busca proteger derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la salubridad pública, el ordenamiento territorial y el bienestar de la comunidad.

La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Valdepeñas presentó la demanda y asegura que el albergue funciona sobre un predio clasificado por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial —PBOT— como área de protección ambiental e hídrica y que, además, allí se levantaron construcciones sin licencia para albergar decenas de perros. También denunció afectaciones por ruidos permanentes, malos olores, proliferación de vectores y ocupación irregular del terreno.

A la acción popular se sumó la Personería Municipal de Calarcá, que solicitó ser reconocida como coadyuvante al considerar que existen elementos suficientes para que la justicia determine si efectivamente se están vulnerando derechos colectivos.

En su intervención, el Ministerio Público manifestó preocupación por la presunta utilización de un inmueble ubicado en zona de protección ambiental, el desarrollo de actividades incompatibles con el uso del suelo permitido y las posibles afectaciones a la salubridad pública y la convivencia ciudadana.

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Además, señaló que la problemática habría sido puesta en conocimiento de diferentes autoridades desde hace varios años mediante quejas, peticiones y visitas técnicas.

Los hallazgos de la visita sanitaria

Uno de los documentos más relevantes del expediente corresponde a la inspección realizada por la Secretaría Departamental de Salud.

Durante la visita, los funcionarios encontraron dificultades para establecer el número exacto de animales debido a las condiciones del lugar. Según la administradora del refugio, allí permanecían 68 animales, entre ellos perros adultos, cachorros, un canino de manejo especial y tres gatos. El informe también indica que buena parte de los perros no estaban esterilizados ni contaban con esquemas completos de vacunación o desparasitación.

Los inspectores describieron una infraestructura construida principalmente en guadua, madera y láminas de zinc, con escaleras artesanales deterioradas, ausencia de sistemas adecuados de saneamiento, acumulación de materia fecal, malos olores, exceso de ruido y riesgo de colapso estructural debido a las condiciones del terreno y de las edificaciones. También reportaron perros que deambulaban por la vía pública.

La visita de la Secretaría Departamental de Salud puso en evidencia que los animales no cuentan con vacunas ni atención integral.

Conexión eléctrica irregular

Dentro del proceso también obra una respuesta de la Empresa de Energía del Quindío —EDEQ—, que verificó una denuncia ciudadana relacionada con el suministro eléctrico del refugio.

Según el informe técnico, el predio donde funciona el albergue no contaba con medidor ni matrícula propia y recibía energía mediante una extensión conectada desde una vivienda vecina, situación que la empresa catalogó como una conexión irregular. Como consecuencia, la empresa ordenó suspender el suministro hasta que se adelante el proceso de legalización correspondiente.

La respuesta del municipio

En la contestación de la demanda, el municipio de Calarcá reconoce la existencia del refugio y admite que el predio se encuentra ubicado en una zona de protección conforme al PBOT. Sin embargo, rechaza que exista una conducta omisiva por parte de la administración municipal.

La alcaldía sostiene que desde hace varios meses viene adelantando visitas técnicas, conceptos ambientales, procesos policivos, mesas interinstitucionales y actuaciones relacionadas con posibles infracciones urbanísticas, sanitarias y de bienestar animal, por lo que considera que cualquier decisión definitiva debe adoptarse respetando el debido proceso.

Asimismo, explica que ya cursan procesos ante la Inspección de Policía contra la administradora del refugio por presuntas infracciones a la normativa de convivencia y bienestar animal.

Medidas cautelares

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia decretó medidas cautelares que ordenaban, entre otras acciones, trasladar los animales a instalaciones adecuadas, impedir el ingreso de nuevos caninos y fortalecer los controles sanitarios. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Quindío estudió las apelaciones y consideró que sí existe, de manera preliminar, una posible amenaza a derechos colectivos, aunque indicó que las soluciones deberán implementarse de forma gradual, proporcional y técnicamente sostenible, procurando proteger tanto a la comunidad como a los animales.

Ante la evidencia de los informes y las gestiones que han realizado ante los entes encargados, los habitantes del sector insisten en que el refugio no debe funcionar allí. Los olores, así como los ruidos naturales del entorno animal en la madrugada y durante el día, llevaron a la comunidad a organizar un plantón pacífico y una jornada de adopción solidaria el próximo 1 de agosto, como muestra de descontento ante la falta de respuesta y la omisión de las autoridades en relación con este refugio y los fallos judiciales.