Rechazan la ausencia del agente interventor de Asmet Salud en el Quindío

Las autoridades departamentales calificaron de incomodidad y acto de mal gusto la ausencia en el Quindío del agente interventor de Asmet Salud, Mario Fernando Córdoba, quien había propuesto la mesa de trabajo en la región para el pasado jueves 2 de julio.

La situación de la EPS es crítica a raíz del anuncio de la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado —AQESE—, en representación de la Red Pública Hospitalaria del Quindío, de implementar una contención en la prestación de los servicios ambulatorios a la población afiliada a Asmet Salud en todas las Empresas Sociales del Estado —ESE— del ente territorial.

La medida entró en vigencia desde las cero horas del pasado miércoles 1 de julio, por lo que la reunión prevista era de carácter urgente, con miras a buscar soluciones a la coyuntura que agudiza el crítico momento que atraviesa la salud, tanto en la región como en el resto de Colombia.

“El incumplimiento en el pago oportuno de estos recursos ha generado una grave afectación al flujo financiero de las Empresas Sociales del Estado del departamento, comprometiendo la sostenibilidad financiera de las instituciones, el cumplimiento de sus obligaciones administrativas, laborales y asistenciales, así como la adecuada continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población afiliada”.

El gobierno departamental expresó malestar por la ausencia de Córdoba, pues son cerca de 55.000 los usuarios que, por ahora, solo cuentan con atención para urgencias vitales.

La secretaria departamental de Salud, Luisa Fernanda Arcila Arcila, hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud para que ‘tomen cartas en este asunto’ y actúen de inmediato.

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“Desafortunadamente tuvimos un incidente, estábamos convocados a una reunión, tanto la red pública como la privada, a las 2 p. m. del pasado jueves, pero esperamos hasta las 4 p. m. y el agente interventor comunicó que no llegaba ya al Quindío. Es preocupante la situación con Asmet Salud, porque son cerca de 55.000 usuarios a los que tenemos que garantizarle la prestación de los servicios de salud”, enfatizó la funcionaria departamental.

Agregó: “Es preocupante el momento, hay una deuda muy grande cercana a $43.000 millones con la red privada y de $35.000 millones con la pública. Hoy queremos hacerle un llamado al Gobierno nacional y Supersalud para que fijen los ojos en el Quindío para nosotros garantizar la prestación de los servicios de salud”.

Por su parte, Juan David Arango Ramírez, presidente de la AQESE, señaló que, ante la cartera morosa de Asmet Salud con las Instituciones Prestadoras de Salud —IPS— del Quindío, decidieron actuar de forma unificada para subsanar el respectivo saldo.

“Lastimosamente el jueves pasado había una mesa técnica, el mismo interventor nos cita a la mesa técnica donde se desplazan prestadores privados y públicos, venía la secretaría departamental de Salud, sin embargo, dos horas y media de espera nos llaman y nos manifiestan que se presentó un problema y no pueden asistir. Por lo anterior hemos decidido continuar con la contención de servicios a nivel departamental”, expuso el presidente.

El también gerente del hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, añadió en ese sentido: “Es que aquí se está jugando con la vida de los usuarios, más de 55.000 de ellos afiliados, la invitación desde la red pública es que nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas, prestos a trabajar con todos los cambios normativos, problemas, ires y venires, pero hoy la asfixia económica que está golpeando los hospitales nos deja sin otra salida”.

Por el momento, Asmet Salud EPS guardaba silencio sobre el incumplimiento de la cita que la propia entidad había propuesto en el Quindío.

Reacción de congresista

John Édgar Pérez Rojas, representante a la Cámara por el Quindío, se refirió a la situación de Asmet Salud en la región y no ocultó su preocupación, por lo que pidió soluciones.

“Recordemos que Asmet Salud EPS fue intervenida por el Gobierno nacional, que cuenta con cerca de 200.000 usuarios entre el Quindío y Risaralda, ese cierre se da por el no pago de la capitación de junio.

Pero además de ello, la carta insiste en que se presentan incumplimientos en el pago de las obligaciones económicas derivadas de la contratación también por evento, eso constituye un incumplimiento a las cláusulas contractuales de contratación”, dijo el congresista.

Dijo además: “Ya todos conocemos el momento que atraviesan los hospitales de primer nivel, por lo que enviamos un oficio a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y Protección Social, es que el Gobierno nacional debe responder por esta intervención, pero sobre todo, por el pago que se le debe hacer a nuestros establecimientos de salud, para que les puedan brindar oportuna atención a todos los usuarios”.

Puntualizó: “Esto es muy grave, hoy en medio de la euforia de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que muchas personas no se han enterado de la noticia, necesitamos exigir en el departamento que la población afiliada a Asmet Salud sea atendida, pero de manera oportuna”.

Denuncia penal

La Superintendencia Nacional de Salud se pronunció acerca de la denuncia penal conocida públicamente por presuntas conductas de corrupción ocurridas en la EPS Asmet Salud entre enero de 2025 y comienzos de 2026.

La entidad informó que puso a disposición de las autoridades la información y la estructura documental que reposa en sus archivos y, a la vez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación —FGN— avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer responsables.

Un proveedor presentó la denuncia en febrero del año en curso y señaló ante la Fiscalía: “pagos indebidos para agilizar el trámite de facturas por parte del interventor y del equipo que se encontraba al frente de la entidad, durante el mencionado periodo”.

Supersalud puntualizó que “es indispensable que el proceso investigativo avance con prontitud y que, en caso de comprobarse responsabilidades, se impongan las medidas y sanciones previstas por la ley, garantizando el debido proceso”.